El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afronta 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados que se llevó a su mansión de Florida tras abandonar la Casa Blanca, según la acusación del Departamento de Justicia que se ha difundido este viernes. Esto supone un nuevo revés judicial que amenaza su intención de conseguir un segundo mandato en 2024.
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El documento, que supone la confirmación oficial de la imputación que el propio expresidente (2017-2021) adelantó este jueves, implica además en la acusación a Waltine Nauta, ayudante del expresidente y quien fue visto extrayendo cajas con documentos clasificados desde la mansión de Trump en Palm Beach.
Según la acusación, al término de su mandato el 20 de enero de 2021 Trump dio instrucciones para que decenas de cajas, las cuales incluían documentos clasificados, fueran transportadas a Mar-a-Lago, su residencia en Florida y donde fueron almacenados a pesar de que no era un sitio autorizado para ello.
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Las cajas de documentos, que incluyen información sobre armamento de Estados Unidos y de otros países, se mantuvieron en sitios como un salón de recepciones, un baño, un depósito, una oficina y hasta en la habitación del expresidente en la mansión.
¿Qué supone este nuevo revés y cómo queda la campaña de Trump para regresar a la Casa Blanca?
El caso
La acusación, alcanzada por un gran jurado en la Corte Federal de Distrito en Miami, representa la primera vez que un expresidente enfrenta cargos federales y llega menos de tres meses después de que Trump fuera acusado en Nueva York por 34 delitos graves de falsificación de registros contables.
La imputación deja a Estados Unidos en una posición extraordinaria, dada la condición de Trump no solo como exmandatario, sino también como el favorito actual para la nominación presidencial republicana de 2024 para enfrentar al presidente Joe Biden.
La acusación se remonta al final del mandato de Trump en enero de 2021, cuando los documentos -muchos de los cuales se decía que estaban en la residencia de la Casa Blanca- se empacaron en cajas junto a objetos personales y fueron enviados por la Administración de Servicios Generales a Mar-a-Lago.
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El presidente Donald Trump de campaña por Ocala, Florida.
Después de largos esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros durante gran parte de 2021 para que Trump entregara el material que se había llevado -considerado propiedad del gobierno según la Ley de Registros Presidenciales-, el expresidente entregó 15 cajas en enero de 2022. Las cajas contenían material altamente sensible con marcas de «clasificado», lo que provocó una investigación del Departamento de Justicia.
En agosto pasado, agentes federales llegaron a Mar-a-Lago para realizar una búsqueda extraordinaria que reveló materiales que Trump no había entregado en respuesta a una citación realizada meses antes que exigía la devolución de cualquier documento clasificado que aún tuviera en su poder.
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El Departamento de Justicia ha cuestionado repetidas veces el nivel de cooperación de Trump con los esfuerzos para recuperar los documentos y ha afirmado haber recuperado más de 100 documentos que contenían marcas de material clasificado incluso después de que uno de los abogados del expresidente certificara que no se había encontrado más materiales tras una «búsqueda diligente» por parte de su equipo legal.
¿Qué viene ahora?
Trump, que aspira a conseguir la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes hacia las 3 p.m.
«Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos», escribió el jueves el expresidente.
Trump, que cumplirá 77 años la próxima semana, ha negado de manera repetida cualquier conducta irregular. No quedó claro de inmediato si planea hacer la aparición y cómo sería el procedimiento.
En un comunicado, eso sí, su campaña arremetió contra lo que califica como un «abuso de poder sin precedentes» y pidió que se desestime la acusación. Trump «ha sido desde hace mucho la mayor amenaza y el principal blanco político para Joe Biden y para el corrupto Partido Demócrata», reclamó la campaña en un comunicado.
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«Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos»
El Departamento de Justicia no confirmó públicamente de inmediato la acusación y no se presentaron cargos públicos.
Cuando fue acusado por el fiscal de distrito de Manhattan en el caso de Nueva York, Trump se entregó a las autoridades, donde lo ficharon a puerta cerrada y apareció en la sala del tribunal, sentado con sus abogados en la mesa de la defensa. Probablemente esta vez el proceso sea similar, es decir, le tomarían las huellas dactilares, pero no lo esposaron ni le tomaron una foto policial.
Sin embargo, medios estadounidenses señalaron este viernes, citando las previsiones de la exfiscal Joyce Vance y el exdirector del FBI James Comey, que Trump podría tener que usar el brazalete electrónico. Si se hiciera tal solicitud, el expresidente se encontraría usando el brazalete electrónico durante sus mítines y, tal vez, incluso en la convención republicana, si resultara el candidato elegido.
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¿Trump puede seguir siendo candidato?
La pregunta que ronda ahora es si Donald Trump puede seguir en la contienda electoral. Y la respuesta es sí. Ni la acusación ni una sentencia condenatoria evitarían que Trump se postulara o ganara la presidencia en 2024.
Y tal como lo demostró el caso en Nueva York, los cargos criminales han sido, de manera histórica, un gran impulso para la recaudación de fondos para su campaña. Su equipo anunció que había recaudado más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores al anuncio de los cargos formales, superando por mucho su récord anterior, el cual se produjo luego del allanamiento del FBI a Mar-a-Lago.
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Policía frente al club Mar-a-Lago, residencia del expresidente estadounidense Donald Trump, el 3 de abril de 2023 en Palm Beach, Florida.
En una serie de publicaciones de Truth Social, así como en un video, Trump dijo repetidamente que es inocente y caracterizó la acusación como una “guerra política” en su contra antes de las elecciones de 2024.
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En el pasado, Trump usó una variedad de argumentos para defender su manejo de los documentos, incluido que los desclasificó antes de que fueran descubiertos. Si bien los presidentes han desclasificado documentos previamente, no hay evidencia de que Trump lo haya hecho o haya seguido algún procedimiento existente.
Trump también ha argumentado que algunos de los documentos eran personales y estaban protegidos por el privilegio ejecutivo. Esto significaría que no había ningún requisito para entregarlos a los archivos nacionales cuando dejó el cargo, la premisa misma del caso. El argumento ha sido descartado en gran medida por los expertos legales.
¿Y Joe Biden y Mike Pence?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Mike Pence, quien fue vicepresidente de Trump y actualmente compite también por la nominación republicana para 2024, también tenían documentos clasificados. Sin embargo, las circunstancias de sus casos son muy distintas a la situación que involucra a Trump.
Después de que se descubrieron documentos clasificados en una oficina de Biden y en la residencia de Pence, en Indiana, sus abogados notificaron a las autoridades y rápidamente se organizó su devolución. También permitieron que las autoridades federales llevaran a cabo otras inspecciones en busca de más documentos.
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Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Bloomberg
No hay indicios de que ninguno de ellos estuviera al tanto de la existencia de los documentos antes de que fueran descubiertos, y hasta el momento no ha surgido evidencia de que Biden o Pence intentaran ocultar sus descubrimientos. Eso es importante porque, históricamente, el Departamento de Justicia busca disposición al momento de decidir si presenta o no cargos penales.
A principios de este año se designó a un fiscal especial para investigar cómo es que los documentos confidenciales terminaron en la oficina o en la residencia de Delaware de Biden. Pero incluso si el Departamento de Justicia determinara que el caso de Biden es procesable basándose en la evidencia, su Oficina de Asesoría Jurídica ha llegado a la conclusión de que un presidente es inmune a un proceso legal durante su gobierno.
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En lo referente a Pence, el Departamento de Justicia le informó a sus abogados a principios de este mes que no buscaría cargos penales en su contra por su manejo de los documentos.
Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos.
Las otras investigaciones que enfrenta Trump
El republicano está en el centro de otras investigaciones. Esta es una actualización sobre las disputas legales del ahora precandidato presidencial para 2024.
El caso Stormy Daniels. Procesado a principios de abril por este caso, Trump es acusado de «orquestar» pagos para comprar el silencio de tres personas cuyas revelaciones podrían haberlo perjudicado de cara a las elecciones presidenciales de 2016, que finalmente ganó. El caso aborda en particular el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara sobre una supuesta relación extramatrimonial que data de 2006. Si bien estos pagos no son ilegales per se, Trump los consignó como «honorarios legales» en los libros de contabilidad de la Organización Trump, lo que derivó en 34 cargos en su contra por «falsificación de documentos contables». El expresidente compareció el pasado 4 de abril ante un tribunal de Nueva York y se declaró inocente.
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En un libro reciente, Stormy Daniels describe su presunta aventura con Donald Trump antes de ser elegido presidente.
Asalto al Capitolio. Un comité del Congreso, disuelto por la mayoría republicana que asumió este año en la Cámara baja, investigó el papel de Trump en el ataque de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando los legisladores se disponían a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2020. Durante varias audiencias, el comité, integrado sobre todo por demócratas, aseguró que el expresidente republicano enardeció a sus partidarios antes del asalto y que «fracasó en su deber como comandante en jefe» durante el ataque. En su informe final, el panel dijo que Trump no debería poder volver a desempeñar un cargo público y recomendó que los tribunales federales abrieran un proceso penal contra él, sobre todo por llamar a la insurrección. Este es el caso que podría desembocar en los cargos más graves contra Trump. Un fiscal especial, Jack Smith, está investigando asimismo el papel del expresidente en los intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Cuando termine las pesquisas, podría decidir inculparlo o no. Pero la última palabra la tendrá el secretario de Justicia, Merrick Garland.
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Elecciones en Georgia. Una fiscal de Georgia investiga desde 2021 los «intentos de influir en las operaciones electorales» de este estado sureño, que ganó Biden por una estrecha mayoría en 2020. En una llamada telefónica, cuya grabación se ha hecho pública, Trump pidió a un alto funcionario local, Brad Raffensperger, que «encontrara» casi 12.000 votos en favor de él. Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, que incluye a Atlanta, nombró un gran jurado para determinar si había pruebas suficientes para acusar al magnate. Consiguió testimonios de allegados a Trump, como su exabogado personal Rudy Giuliani. Este gran jurado recomendó inculpar a varias personas, sin revelar si el expresidente figura entre ellas.
Partidarios de Donald Trump dentro del Capitolio de EE. UU.,
en Washington, el 6 de enero de 2021.
Archivos de la Casa Blanca. Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas enteras de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales. En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago. Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por «retención de documentos clasificados» y «obstrucción de una investigación federal», y confiscaron una treintena de cajas más. Entonces se abrió una intensa batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?) lo que ralentizó el procedimiento, pero el caso puede desembocar en una inculpación federal. El fiscal especial Smith también investiga el caso.
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Asuntos financieros. En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una demócrata, ha presentado una demanda contra Trump, sus hijos y la Trump Organization. Les acusa de haber manipulado «deliberadamente» el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos. Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO
*Con información de AFP y EFE y La Nación (Argentina) / GDA
